La gestión económica de una pequeña explotación agraria es un asunto más serio y complejo de lo que se pudiera pensar desde el exterior. Acostumbrados a concebir la agricultura como una simple multiplicación de los panes y los peces, no somos conscientes de la complejidad técnica y económica que requiere hacer parir alimentos a la tierra y no morir en el intento. La actividad agrícola requiere altos niveles de inversión y trabajo, y está sometida a una serie de incertidumbres intrínsecas sobre sus resultados.
Una actividad de alto riesgo
Plantamos hoy un árbol con la confianza de que nos dé frutos dentro de cinco, seis o siete años. Y la ilusión ‘ciega’ (literalmente) de que la venta de esos frutos nos permita compensar las horas de trabajo dedicadas y el dinero invertido. Todo eso, sin un control mínimo de las variables más esenciales para este negocio: climatología (lluvias), costes (combustibles, insumos) y mercado futuro (precios de venta). Las pequeñas explotaciones agrarias son actividades económicas de altísimo riesgo, que sólo se sostienen y se desarrollan por la vocación, ilusión y esfuerzo de decenas de miles de pequeños agricultores, que se dejan la piel y el sudor en sus tierras de cultivo. Cada uno de ellos debería recibir el premio del empresario del año. Si no fuera porque esos premios los destinamos a creadores de Apps, que pueden estar muy bien y ser muy entretenidas, pero no dan de comer.
Principios básicos de economía de campo: gestión de una pequeña explotación
La gestión de todo proyecto humano debe tener en cuenta dos aspectos:
- Trabajo, lo que incluye horas de trabajo, pero también planificación, organización, experiencia. Cuanto mejor sea la planificación, organización y experiencia, mayor será la productividad, es decir, la relación entre horas de trabajo y unidades de producción. La asignación de un valor a las horas de trabajo no es algo tan sencillo como pudiera parecer en principio, especialmente en el caso de trabajadores autónomos, que raramente contabilizan las horas que dedican a su trabajo y que no contemplan que éstas puedan tener un valor específico. Pero para poder medir el esfuerzo y, por tanto, el coste de una actividad, se deben poder contabilizar y valorar.
- Capital, el capital (hablamos exclusivamente del capital monetario: dinero) interviene en la realización de nuevas inversiones necesarias para la producción del día de mañana, pero también, en cubrir los gastos fijos que conlleva cualquier explotación u organización humana. Cualquier organismo consume recursos simplemente para poder mantenerse vivo. La contabilización de estos recursos tampoco es una tarea sencilla, exceptuando los gastos directos, dado que la amortización de maquinarias, equipos, inversiones, se puede hacer de diversas maneras y con diversos horizontes. En cualquier caso, sea cual sea el método de cálculo, se debe poder asignar un valor a estos costes e imputarlos temporalmente.
La suma de los dos factores anteriores (trabajo y capital invertidos) nos da el coste total de la producción de una explotación concreta en un periodo de tiempo determinado. La producción, en el caso agrícola, se mide en kilogramos de productos alimenticios. Y la imputación de los costes a cada kilogramo de producto es el resultado de una división: costes/kg. Es decir, si tenemos una producción total de 10.000 kg en una explotación agraria concreta y unos costes totales imputables en el año de 15.000 €, el coste unitario por kilogramo será de 1,5 € kilogramo.
El talón de Aquiles: la fijación de precios
El último factor a tener en cuenta es el precio de venta de los productos agrarios. Y aquí encontramos el verdadero talón de Aquiles del sector agrario. Porque resulta que este es un factor decisivo que escapa al control de la mayor parte de las pequeñas explotaciones. El sistema de fijación de precios está claramente viciado para los pequeños productores y no cumple su objetivo último, que debería ser la determinación de un precio ‘justo’ para todas las partes, es decir, un precio en el que todas las partes estén satisfechas y que permita además la sostenibilidad de todo el sistema de producción. El mercado mayorista agrario en la actualidad, es un mercado de compradores que favorece exclusivamente a una de las partes, ya que le da poder de fijación de precios. Veamos cómo funciona.
Por ejemplo, un agricultor que produce melocotones. Es bastante probable que cuando llegue el momento de la cosecha y su finca entre en producción, haya otros miles de agricultores que, como él, también estén produciendo melocotones al mismo tiempo, ya que su producto, como todos los productos agrarios, es de temporada. Los melocotones, por su propia naturaleza, son perecederos y, por lo tanto, deben venderse en el mínimo periodo de tiempo para evitar la merma o, en última instancia, la pérdida total de su valor. La afluencia conjunta de vendedores al mercado mayorista, el reducido número de grandes compradores, y la presión que ejerce la merma de producto en el pequeño agricultor convergen en un proceso de formación de precios que, en su extremo, los puede situar por debajo de los costes de producción.
Es decir, que puede darse la situación en que un agricultor, cuyo coste unitario ese año haya sido de 0,50 €/kg, pueda verse forzado a vender su producto a 0,25 €/kg, soportando una pérdida de 0,25€/kg, que puede parecer poco en sí, pero que multiplicado por miles y miles de kilo, puede suponer una pérdida inasumible. Llevado al extremo, el agricultor puede preferir no recoger su producción, porque le resulta menos lesivo que cosechar y vender a pérdida. No es una situación anecdótica, sino muy habitual en el sector agrario. Y es el único sector productivo en que se produce de forma sistemática, no como un mero factor corrector puntual.
Un modelo insostenible: quiebra económica
Este modelo es insostenible y está llevando a la quiebra económica de muchos pequeños y medianos productores, al abandono masivo de campos de cultivo y a la falta de renovación generacional de nuestro sector primario. No es una exageración, sino una realidad preocupante, a escala europea.
Si continuamos por esta senda, el sector primario, sobre el que se basa el sustento de nuestras sociedades quedará en manos de una pequeña cantidad de grandes corporaciones y fondos de inversión que tendrán el control, no sólo del conjunto de nuestra alimentación, sino de la gestión del territorio que conlleva. Ellos sí podrán aspirar a hacer rentable su producción, no sólo por economía de escala, es decir, por reducción de costes, sino fundamentalmente por su capacidad de imponer precios al resto de la cadena de distribución o por su participación directa en la misma. Nos encontraremos entonces con un auténtico monopolio en la producción de alimentos.
¿Alguien quiere imaginar lo que eso significará de cara a los precios de la alimentación del futuro?
Hacia un nuevo modelo
En resumen, el modelo económico de las pequeñas explotaciones agrarias, el que se ha vivido en los últimos 75 años, desde el advenimiento de la Revolución Verde, está en quiebra. Ya no es viable que los pequeños agricultores se lancen a la aventura económica de producir alimentos, sin tener en cuenta las condiciones ni los precios de venta de lo que van a producir en un futuro.
Quien espere que algún tipo de regulación estatal consiga generar un sistema de precios 'justos' para sus pequeñas explotaciones, o que algún sistema de subvenciones europeo pueda compensar su pérdida de ingresos, sufre una ilusión severa . Nadie vendrá de arriba a solucionar el problema. La única solución vendrá de la mano de aquellos productores enamorados de su oficio que tengan la iniciativa y el empuje de cambiar ellos mismos un sistema pernicioso para ellos y para el conjunto de la sociedad.
Sólo podrán sobrevivir quienes sean capaces de cambiar radicalmente el modelo: o bien, estableciendo una relación directa con grupos de consumidores que garantice un precio justo para ambos y una serie de servicios medioambientales para los consumidores -educación ambiental, ocio en la naturaleza, participación en el modelo productivo- ; o bien, produciendo sobre contrato con distribuidores en que se estipule de antemano las condiciones, calidades, cantidades y precios de los productos agrarios, como se hace en muchos otros sectores productivos.
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